sábado, 19 de octubre de 2013

EL INDERT Y SU FAMOSA TRANSPARENCIA Y HONESTIDAD

Siempre he pensado que PETROPAR, la SEAM y el INDI eran las dependencias estatales más corruptas entre todas, sin embargo cuando comencé a seguir la triste historia del INDERT, tomé conciencia que me había equivocado totalmente, ya que esta última se llevaba las palmas y por muy lejos. 

El tema de la posesión de la tierra en Paraguay tiene una larga y lamentable tradición. Las primeras dependencia en esta área fueron creadas en épocas de gran inestabilidad política, como consecuencia de la Guerra de la Triple Alianza (1865-1870), y posteriormente la Guerra del Chaco (1932-1935). 

Allí se encontraba el verdadero “Gordo de Navidad”, por lo que siempre provocaba enfrentamientos de carácter político, que a la postre trajo zozobra a todo el país. 

Tras el término de la Guerra Grande, que devasto al Paraguay, el 97,8 % del territorio nacional estaba en manos del Estado, en tanto solo el 2,2 % restante pertenecía al dominio privado.

Como el Estado tenía mucha tierra y nada de dinero, en las arcas, don Bernardino Caballero vendió a precios irrisorios casi toda la región Oriental, reservándose para sí, una buena cantidad para sí mismo. Esta fue la primera irregularidad debidamente registrada. 

Las tierras que Bernardino Caballero poseía, en lo que hoy es Alto Paraná y Canindeyú fueron parte de la primera mega empresa instalada en nuestro país: La Industrial Paraguaya. 

Allí se forjaron a sangre y fuego las leyendas de los mensú y los capangas que tan bien fueron pintados por Augusto Roa Bastos en sus cuento “Hijos de hombre”. Luego en 1875 se estableció la Oficina de Tierras Públicas bajo el gobierno de Juan B. Gill. 

Por ley se establece la Oficina General de Migración y Colonización, que tuvo a cargo de la Ley de Colonización y del Hogar de 1904, que 

dictaminó que los moradores de villas, pueblos y ciudades, tenían el derecho a poseer una parcela de tierra para la construcción de su hogar. 

Fue un muy buen intento para crear las primeras pautas de una posible reforma agraria. Muchos de estos lotes fueron dados gratuitamente a los pobladores. 

El gobierno del Gral. Rafael Franco, crea en 1936, el Ministerio de Agricultura y Ganadería y ese mismo año, por obra del Decreto Nº 1060 se constituye el Consejo de Reforma Agraria. 

Este decreto se componía de 51 artículos y contemplaba la Educación Agraria y capítulos relacionados con la Racionalización de la Producción. Esto desembocará en el Primer Estatuto Agrario de 1940. 

Tras once años de la creación del Departamento de Tierras y Colonias, por la Ley Nº 86 es creado en 1951, el Instituto de Reforma Agraria (IRA). El primer presidente de esta institución fue Roberto L. Petit, seguido por Waldino Ramón Lovera y posteriormente por Teodosio Zayas. La visión de esta institución era netamente colonizadora. 

La inestabilidad política del Paraguay fue una constante a lo largo de varias décadas, como consecuencia de las contiendas bélicas por las que atravesó la Nación, generando intensos enfrentamientos debido a la disparidad de criterios, entre los distintos grupos políticos; hasta que en un golpe militar pone al mando del país al General Alfredo Stroessner, en 1954. En 1963 se crea el Instituto de Bienestar Rural (IBR). 

El IBR, siguió operando tras la caída de la dictadura de Alfredo Stroessner, hasta convertirse en lo que hoy es el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), en el año 2003.

En realidad y viendo los resultados, obtenidos, estos dos entes nunca fueron un modelo adecuado de reforma agraria. Puesto que originaron la dispersión de la población rural, y de impedir el acceso a los servicios básicos (agua potable, energía eléctrica, escuela, colegio, etc.). 

En todos estos años lo único que han conseguido fue el atraso del desarrollo rural y una constante fuente de corrupción y traspaso de tierras a los aduladores del poseedor del poder de turno. Por lo que se ha desvirtuado no solo el espíritu de su creación, si no un grave retroceso en el desarrollo agrícola-ganadero del país. 

Pero lo peor de todo, es que se ha creado un grave problema social de desarraigo casi imposible de revertir. Un dañino éxodo del campo a la ciudad multiplicador de bolsones de pobreza. 
Nunca existió un verdadero, auténtico y confiable Catastro Nacional a pesar que el gobierno francés, en 1995, lo ofreció como prenda de amistad, al mismo tiempo en que se instalaba en la Aduana, el Sistema Sofía, que hasta la actualidad sigue funcionando a la perfección. Es por eso que, cuando uno compra hoy un terreno, no sabe si es en realidad suyo o no. 

Un ejemplo claro de esto es que, la famosa finca 4036, en el curso de 30 años, se vendió 5 veces y se realizaron 3 mensuras judiciales. El Registro de la Propiedad nunca informó que la tierra era propiedad del Estado. 

Ahora el INDERT quiere declarar nula la finca 4036 por una sentencia judicial de 1963 (1958) que restituye al Estado 257.904 hectáreas, por un juicio promovido contra los herederos de Domingo Barthe. 

Altos funcionarios del INDERT han reconocido de la existencia de cobros irregulares de cuotas por los lotes y que involucran a algunos subalternos del organismo. 

Muchas grandes extensiones de tierras fueron adjudicadas a muy conocidos políticos como el caso de Blas N. Riquelme, de las que apenas explotaba el 25 % de la extensión, manteniendo al resto en forma ociosa. 

Ahora sale a la luz, otro de los tantos casos escabrosos; la venta de cinco valiosísimos lotes del INDERT, a precios irrisorios, en Salto del Guairá. El fiscal actuante tomó como elementos para el inicio de la investigación, a las denuncias de un conocido diario de distribución nacional. 

Según el citado fiscal, existe un claro perjuicio patrimonial contra el Estado paraguayo, por lo que se podría caratular a la causa como la eventual comisión de los delitos de lesión de confianza y producción de documentos no auténticos. 

Estos 5 lotes ocupaban más de siete hectáreas, vendidas a G. 840.000 la hectárea, cuando los verdaderos precios de mercado que se manejan en la zona, superan los US$ 30 millones. 

Pero sean beneficiarios o presta-nombres, todo pasa por un problema de transparencia y honestidad de sus jefes y subordinados, pero parece que la tentación es tan grande que es imposible, su erradicación.

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