La tan esperada sentencia en primera instancia, en el caso Ycuá Bolaños, ya fue dada este último sábado. Este fallo no conformó de ninguna manera a las partes involucradas. En realidad nunca lo hace. Sin embargo coinciden en que existió mucha desprolijidad por parte de todos los actores intervinientes.
El Ministerio Público no hizo el trabajo que le correspondía, ya que omitió pruebas fehacientes en algunos casos y por negligencia destruyó evidencias en otros; como el deficiente trabajo del arquitecto, Bernardo Ismachoviez, quien diseñó el conducto de aireación de la campana en forma de “S” (cuando la misma es la figura menos recomendable).
A esto se suma que los guardias de seguridad obraron en un momento crítico en contra de todas las normas establecidas de ayuda y solidaridad humanas, al obedecer órdenes de mantener cerradas las puertas.
Los funcionarios municipales que no controlaron la habilitación provisoria del local, al no realizar las periódicas inspecciones de rigor y en caso de encontrar fallas, su inmediata clausura. Los intendentes Martín Burt y Enrique Riera (h), también tienen su buen grado de indirecta responsabilidad.
El ex fiscal del Estado, Oscar Germán Latorre, que cometió el craso error de dividir la causa en varios juicios paralelos, con lo cual complicó y empantanó bastante la investigación y a las tareas de los distintos jueces intervinientes. Por eso, los condenados Paiva no son los únicos culpables de esta terrible desgracia, sino detrás de ellos están varias otras personas, que ahora gracias a la impunidad reinante en este país, fueron absueltas de culpa y pena.
Esta tragedia es un caso demasiado complejo por la magnitud del hecho, donde dejó como saldo cerca de cuatrocientos muertos y un tendal de heridos, por lo que es mucho peso para soportar en la conciencia de acusadores, acusados y hasta de los jueces.
Pero el suceso luctuoso se agiganta aún más, con los cientos de heridos, mutilados y traumatizados sicológicamente que ya nunca más serán los mismos de antes, que son las víctimas sobrevivientes, pero que nadie los tienen en cuenta.
Los sacrificados bomberos que con luces y sombras dieron todo de sí, en pos de salvar el mayor número de vidas humanas posibles, dentro de ese infierno de humo y fuego, de aquel malogrado 1° de agosto de 2004. Los médicos, enfermeras, paramédicos y chóferes de ambulancias que ofrendaron horas de sueño, para cumplir con su delicada y esforzada tarea de salvar a los accidentados.
Fallos controvertidos que no conforman a las partes siempre existieron y seguirán existiendo, porque nunca se llega a la justicia absoluta y los que la imparten son pasibles de errores de apreciación como todos los seres humanos. Algunos cometen equivocaciones de manera premeditada, otros por presiones extrajudiciales o crematísticas, que sin embargo en este país ya es común y ya no asusta a nadie.
Existen cosas oscuras en este caso, como la condena a un solo guardia de seguridad, que solo trabajó 2 meses y medio en el lugar de los hechos y a los otros que estaban armados, se les otorgó el sobreseimiento libre. Juan Pío Paiva y su hijo Víctor Daniel Paiva (quizás las dos personas más odiadas, actualmente, del país) reciben una condena de 12 y 10 años de cárcel respectivamente.
El guardia Daniel Areco, 5 años y el otro directivo del supermercado, Humberto Casaccia Romagni, 2 años y medio. Sin embargo todos los condenados seguirán libre hasta que la justicia se expida sobre la apelación planteada por los mismos. (sic)
Aquí lamentablemente se cierra un capítulo más de esta triste novela que no acaba por aquí.
De ahora en más seguirán las apelaciones y las dilaciones de tiempo, que pueden llegar a durar de 2 a 3 años, y durante todo ese tiempo, nuestra justicia seguirá siendo como siempre, ciega, sorda y muda.
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