Es la pregunta formulada por los economistas de todo el mundo. Ambas líneas tienen su pro, como su contra. Y dependiendo siempre del lado en que se haya tomado partido e involucrado intereses, se valorizará o no la opinión que se tenga al respecto.
Aunque se camine por una vereda u otra, las responsabilidades y funciones del Estado, siempre se limitarán a brindar salud, educación y seguridad. El resto, es opcional y poco conveniente. El Estado nunca fue un buen empresario. En Paraguay por dejar empresas, su cuidado, es que desaparecieron del mapa.
Líneas Aéreas Paraguayas, Alcoholes Paraguayos (APAL), Flota Mercante del Estado, entre otras, fueron desmanteladas. Los ferrocarriles están obsoletos, a pesar de los reiterados anuncios, de su puesta en funcionamiento, mediante la privatización.
El tiempo pasó y continúa abandonado. Da pena ver como un pedazo de nuestra historia es diariamente rapiñado, lo poco de valor que aún queda, va desapareciendo, inclusive hasta los durmientes.
Las empresas que aún conserva el Estado, oscilan entre el agónico cese de pago y el rédito negativo, por una conducción ineficiente, aliada a una burocracia desmedida. Como Petropar, la única petrolera en el mundo que da pérdidas, aún con un mercado monopólico cautivo, sin permitir ningún tipo de competencia.
Una alternativa antes que la privatización, es “tercerizar” todo lo que se pueda y dejar la administración al Estado o bien mixta, cuando exista un aporte por parte de empresas privadas. Si nuestras firmas están en un rojo violento, en sus libros contables, y sufren continuos sofocones, entonces privatizar no es mala idea.
Debe existir el control que cada caso exija, para evitar los abusos de los inversores, ya que no son bebes de pecho, ni hacen beneficencia. Los pliegos de condiciones deben estar bien pautados y sin “lagunas” jurídicas. Con artículos claros, precisos y sin vueltas. Estipular cuanto dinero el inversor puede sacar del país y cuanto invertir aquí. Tema irritante en todas las privatizaciones.
La privatización no es sinónimo de pérdida de soberanía, tema esgrimido por políticos y sindicalistas de poca monta. Estamos en el siglo XXI, donde un avión radiografía el subsuelo, y en segundos, se conocen nuestras reservas minerales, entre otras cosas. Por lo que reclamar soberanía en este punto, es algo ridículo.
La estatización trae pobreza y atraso. Porque la burocracia y la corrupción la sofocan. La producción se estanca y nunca tienen metas como las empresas privadas. Saturadas de personal, como pago de “facturas” hacia amigos y favorecedores. Normalmente son funcionarios mediocres que entran “por la ventana”.
Es común que los empleados estatales sean los esclavos del partido gobernante, quienes así, tienen un gran mercado cautivo de votos incondicional, bajo amenazas de despido en caso de desobediencia cívica.
Esta es la razón porque políticos y sindicalistas se oponen a la privatización, de hacerlo, perderán el poder que mantienen sobre esta masa de votantes, que les otorga votos, poder y dinero. No siempre en este mismo orden.
La privatización genera empleo directo e indirecto genuinos. La capacitación provoca un crecimiento en la producción. Por lo general trabaja con equipos de última generación. Se brinda oportunidades de ascenso y se goza de todos los beneficios sociales que marca la ley. Al final la disyuntiva es: atraso o progreso.
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